México, D.F.-
La discriminación contra las mujeres persiste pese a avances legislativos, pero el despido por embarazo es una de las peores formas de discriminación laboral en México, se señaló en la presentación del informe “Discriminación laboral en la Ciudad de México. Despido por embarazo”.
En el Auditorio “Eduardo Matos Moctezuma” del Museo del Templo Mayor, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), Jacqueline L’Hoist, señaló que en 2013 de las denuncias por discriminación contra mujeres 33 por ciento correspondió a despidos por embarazo.
En 2014 fueron 48.19 por ciento y en lo que va de 2015 son 35.88 por ciento. Esos despidos han ocurrido en establecimientos mercantiles, fábricas, talleres, despachos, estéticas, restaurantes, veterinarias, escuelas, y hospitales, indicó.
En todos los casos los despidos son injustificados, en la mayoría de ellos se arregla la liquidación y en todos se atropella el trato igualitario, afirmó.
Todas son conductas discriminatorias. “Estamos frente al típico ejemplo del secreto a voces, todas y todos lo sabemos, cuando una mujer se embaraza llega con miedo frente a sus empleadores porque para ellos una mujer embarazada es desechable. ‘Liquídala, ya llegará otra’, dicen.
“Y entonces nuestros derechos se convierten en ‘es que quiere privilegios’”, agregó.
En presencia de la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García, y la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Darlene Rojas Olvera, L’Hoist Tapia dijo que el objeto del informe es que no se vea a las trabajadoras como objeto de intercambio de producción, sino como personas, que la fuente empleadora asuma su responsabilidad social.
Y como gobierno “debemos hacer que se cumpla la ley y procurando que todas las mujeres puedan denunciar.
“Por eso hay que decirlo bien y bien fuerte, quien despida u obligue a renunciar a una embarazada, o le niegue sus derechos, estará sin duda cometiendo un delito y en caso de no reparar el daño se le podrá imponer hasta tres años de cárcel o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y una multa de 50 a 200 días de salario mínimo”, apuntó.
A su vez el coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Héctor de la Cueva, dijo que el despido por embarazo es una de las peores formas de discriminación laboral que enfrentan las mujeres en México.
Es también otra expresión de la violencia de género, por lo que es necesario visibilizar su existencia e instrumentar acciones para erradicar ese grave problema, subrayó.
En tanto Amalia García dijo que la nueva política laboral de la Ciudad de México, anunciada el martes pasado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, tiene el propósito de garantizar mejores condiciones de trabajo.
Lo anterior, detalló, no sólo a los empleados de la administración capitalina, más de 222 mil, sino que ha puesto el acento en los derechos de las trabajadoras.
García Medina señaló que todas las personas son sujetos de derecho, pero éste no siempre se garantiza y la maternidad es un motivo y pretexto para la discriminación.
Se tiene una legislación que ha ido avanzando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y sin embargo “nos encontramos con visiones que chocan”.
Por un lado están los derechos de las mujeres y por otro las reformas a la Ley Federal del Trabajo que ponen en centro el empleo precario, modelo con el cual los derechos de las mujeres no están a salvo.
En tanto, Darlene Rojas coincidió en que efectivamente a pesar de que ha habido modificaciones a las leyes en las que se sanciona a quienes pidan a las trabajadoras un certificado de no embarazo para poder laborar las situaciones de ese tipo se viven a diario.
Por esa razón, el año pasado se pusieron en marcha dos Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, cuya función es atender a grupos en situación de vulnerabilidad, en donde está precisamente el tema de mujeres.
Explicó que esas juntas ofrecen una justicia más expedita, ya que desde que se presenta la demanda y hasta la emisión del laudo el tiempo que pasa es de entre cuatro y seis meses, y en el caso de las juntas no especiales el litigio dura entre tres y cuatro años y medio.
En esas dos juntas especiales el mayor número de casos de despidos injustificados es precisamente el despido por embarazo.
Rojas Olvera aseveró que como gobierno “debemos seguir con el esfuerzo de implementar políticas públicas para acotar las situaciones ese tipo”.
A la presentación del informe también asistió el jefe de la Oficina de Gobierno del Distrito Federal, Javier González Garza, con la representación del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
