México, D.F. / Abril 15.-
A 15 días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el presidente Felipe Calderón Hinojosa envió una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales al Senado para castigar a quienes -premeditadamente o no- ayuden a los miembros del crimen organizado y narcotráfico.
Con esta reforma también se busca castigar a las empresas y bancos que resulten beneficiadas por conductas ilícitas del crimen organizado.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera. El presidente de la comisión de justicia, Alejandro Gonzáles Alcocer (PAN), advirtió que ve muy difícil que la iniciativa pueda ser dictaminada de aquí al 30 de abril, fecha en la que concluye el periodo ordinario de sesiones.
Las sanciones para empresas y bancos sujetas de responsabilidad penal, propone el documento, van de una multa, la inhabilitación de participar en licitaciones del sector público, hasta el decomiso.
La oposición no recibió con buenos ojos el documento. El senador del PRD, Pablo Gómez Álvarez -integrante de la Comisión de Justicia, una de las encargadas de dictaminar la iniciativa- lamentó que Calderón Hinojosa ya “no sabe ni qué inventar ante el fracaso de su estrategia de inseguridad”.
La iniciativa -que apareció publicada hoy en la Gaceta Legislativa—, propone crear nuevos tipos penales en el Código Penal Federal: confabulación y facilitación delictiva.
Los informantes de los narcotraficantes prácticamente serán sancionados al mismo nivel de quienes participen directamente en el lugar de los hechos.
A quienes sin ser miembros de un cártel del narcotráfico o crimen organizado realicen de forma dolosa una conducta delictiva que beneficie a la delincuencia organizada recibirá el mismo trato que un sujeto vinculado “y se le incrementará la pena aplicable al delito cometido hasta en tres cuartas partes y no podrá gozar de beneficios preliberacionales” explica el documento. Incluso si el sujeto participa de manera premeditada o no.
Según el Ejecutivo, es necesaria castigar por la vía penal a aquellos sujetos que actúen produciendo o facilitando el delito, incluso, “sin la intención directa de cometerlo”, cuando por cualquier medio tengan conocimiento o posibilidad de conocer que su actuación concatenada a otras conductas individuales o de grupo es idónea para que se realice.
El documento explota la figura del “injusto colectivo”, que abre la posibilidad de señalar penalmente a quienes “de alguna forma participan o se benefician” de los ilícitos del colectivo.
