México, D.F.-
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) propuso eliminar la figura del arraigo y crear una nueva denominada “detención de control judicial” que reduce los tiempos y acota los delitos en que se podrá aplicar a los presuntos y abrogar la Ley contra la Delincuencia Organizada del DF pues el combate a este tipo de delito ya es tarea exclusiva del gobierno federal.
La iniciativa de derogación del artículo 270 bis del Código de Procedimientos Penales en el Distrito Federal, que habla del arraigo, fue presentada ayer y enviada por el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde se planea discutirla y aprobarla en el actual periodo de sesiones.
El planteamiento de Mancera es que se elimine el arraigo y se cree la figura de “detención de control judicial” que permita, sin contravenir la presunción de inocencia de un detenido, realizar investigaciones a cargo del Ministerio Público en menor tiempo y con un catálogo de delitos aprobados por los diputados.
Se propone que sólo exista la posibilidad de aplicar la “detención de control judicial” durante 5 días, prorrogable a 5 días más, y no 60 días como marca actualmente la ley.
En la presentación, el jefe de Gobierno indicó que con esta decisión se cumple con el mandato constitucional de la reforma judicial para la transición hacia el sistema acusatorio y aseguró que la nueva figura es “de avanzada” y se trata de una medida cautelar que cumple con los estándares internacionales y con el respeto a derechos humanos.
En la presentación de la iniciativa —donde estuvo presente Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Plascencia—, dijo que la iniciativa permitirá adecuar el marco normativo del DF a la reforma judicial que culminará en 2016.
La iniciativa propone adicionar el artículo 270 Bis 1 al Código para aplicar la “detención de control judicial” en los casos donde no se garantice la comparecencia del indiciado en averiguación previa o proceso penal o pueda evadir la acción de la justicia, que la conducta del indiciado represente un riesgo para la víctima o testigos, que la conducta del indiciado entorpezca o impida el desarrollo de la investigación al destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas.
Otra iniciativa es abrogar la Ley de Contra la Delincuencia Organizada porque el combate a ese tipo de delitos es exclusivo de la Federación.
Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, indicó que las iniciativas serán aprobadas en este periodo de sesiones.
A su vez, Amnistía Internacional México aseguró que el envío de las iniciativas supone un avance en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por numerosas organizaciones de derechos humanos y de organismos internacionales en materia de derechos humanos que llaman a eliminar la figura del arraigo de la legislación mexicana, pues viola los estándares internacionales del derecho procesal.
“El arraigo constituye una violación a los derechos humanos; es claro que es una forma de detención arbitraria”, comentó Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos al expresar su beneplácito.
Aplicación
•La figura de “detención de control judicial” se aplicará en el caso de que no se garantice la comparecencia del indiciado en la averiguación previa o proceso penal y que pueda evadir la acción de la justicia
•También, cuando la conducta del indiciado entorpezca o impida el desarrollo de la investigación al destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba
