Cd. de México.-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó “la campaña de desprestigio que tiene lugar en México” contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI.
“La apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia temeraria e infundada es inadmisible, puesto que no contiene ningún hecho constitutivo de delito”, señaló la CIDH en un comunicado.
El pasado 23 de marzo la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa contra Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, luego de que José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, lo acusara de un supuesto fraude por 2 millones de dólares.
La demanda fue interpuesta con el argumento de un “engaño a los contribuyentes mexicanos y al gobierno federal” por el dinero que se le da al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), equipo que, según el denunciante, ha malversado fondos y utiliza su posición para desvirtuar la investigación de la PGR.
La CIDH explicó que conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente en las cuentas de la Secretaría General de la Organización, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. “La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el secretario ejecutivo”. Expresó su confianza absoluta en la probidad del secretario ejecutivo, “quien en todo momento actuó de acuerdo con las instrucciones y decisiones de los comisionados”.
Reiteró también “nuestro respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompañamos los informes y las recomendaciones presentadas por el grupo”.
La denuncia acusa a Emilio Álvarez Icaza de engañar al gobierno mexicano por convocar a expertos para conformar el GIEI que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos.
“La CIDH expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito resulta temeraria e infundada”.
El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue presentado el 6 de septiembre de 2015. Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de seis meses.
