Monterrey, N.L.-
Como una medida para combatir la corrupción y el abuso de autoridad, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Seguridad Pública para implementar el uso obligatorio de cámaras de solapa en los elementos de las instituciones de seguridad.
La iniciativa, impulsada por el diputado del PAN, Miguel Ángel García Lechuga, surge como respuesta directa a las constantes denuncias de ciudadanos y transportistas, quienes han reportado operativos recaudatorios y presuntos actos de extorsión.
El dictamen aprobado contempla modificaciones estratégicas a diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública (Art. 3, 82, 126 y 155), estableciendo lineamientos claros:
Se oficializa el uso de cámaras corporales digitales en los uniformes; los elementos operativos deberán portar los dispositivos de manera visible, notoria y en buen estado, los municipios tendrán la obligación de equipar a sus elementos con esta tecnología.
Durante su intervención en tribuna, García Lechuga enfatizó que esta medida busca terminar con la impunidad y recuperar la confianza en las instituciones.
“Es dar un paso más para proteger a todos los ciudadanos que están hartos de los moches y de la corrupción, con esto, a los corruptos se les va a caer el negocio de las extorsiones; ahora el ciudadano tendrá la evidencia a la mano”, aseguró.
El legislador panista críticas a la administración de Santa Catarina, señalando que la seguridad en dicho municipio se ha visto comprometida por intereses particulares, calificando la reforma como una herramienta para “arrancarle de las manos a los malos alcaldes el poder de extorsionar”.
La implementación de las cámaras de solapa trae consigo beneficios tangibles para el sistema de justicia y la seguridad ciudadana, toda vez que las grabaciones podrán constituirse como prueba judicial en procesos legales.
Asimismo, reduce la probabilidad de que los agentes incurran en malas prácticas o abusos y transparenta el actuar policial durante operativos y detenciones.
Con esta resolución, dijo, el Poder Legislativo busca marcar un “antes y un después” en la fiscalización de la fuerza pública, garantizando que el desempeño de los agentes sea objetivo y apegado a la ley.
