Monterrey, N.L.-
Por supuestas faltas administrativas graves como el desvío de recursos y la contratación de personal ligadas a los líderes locales del PRI y PAN, integrantes de Movimiento Ciudadano en el Congreso denunciaron al titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Galván, ante la Contraloría del Legislativo.
El coordinador de la Bancada Naranja, Eduardo Gaona, señaló que no es posible que las mismas personas que tienen nexos con el PRI y el PAN de Nuevo León, sean los encargados de auditar y señalar a servidores públicos del Estado.
Y menos que lo hagan a través de una red que tejieron a su conveniencia para el tráfico de influencias actuando como juez parte.
Dijo que incluso se comprobó con base a una revisión de nómina de la Auditoría Superior del Estado, que algunas personas cantan con salarios superiores al del gobernador Samuel García.
Tal es el caso del priista Alberto Barrera, titular de la Unidad de Seguimiento y Control y del panista Gerardo Cárdenas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quienes ganan 133 mil 847 pesos mensuales cada uno.
“Hay funcionarios en esa red que ganan más que el gobernador, no quiero pensar cuánto gana el auditor”, dijo Gaona.
Los diputados denunciaron que a través de dichas faltas administrativas, Galván construyó una red de tráfico de influencias era servir al PRI y PAN, partidos que cuenta con la mayoría en el Congreso, con el objetivo de chantajear al Poder Ejecutivo.
Gaona precisó que Galván autorizó la contratación de personal que cuenta con nexos al PRI y PAN, violentando así la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la Ley de Fiscalización Superior del Estado y la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la ASE.
Enfatizó que junto a Diana Treviño, jefa de Recursos Humanos de la ASE, Galván autorizó la contratación de diversas personas para ocupar puestos que son clave dentro del órgano fiscalizador.
Aseguró que la contratación de estas personas fue de forma indebida, porque fueron funcionarios dentro de anteriores Administraciones municipales del PRI y PAN, principalmente en Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, a partir del año 2018.
En total, Gaona refirió que fueron 16 personas contratadas para la creación de esta red de tráfico de influencias para favorecer al PRI y al PAN, ya que, incluso, algunos de ellos son militantes de dichos partidos.
También está el caso de Miguel González, Director General de Seguimiento de la Unidad de Seguimiento y Control de la ASE, militante del PAN desde el 2005 y quien fue Consejero Jurídico del Ayuntamiento de San Nicolás.
Además, está el caso de Agustina Hernández, actual Directora de Auditoría de la Auditoría Especial de Gobierno del Estado y Organismos Públicos Autónomos.
Anteriormente, ocupó el cargo de Directora de Auditoría de la Contraloría Municipal de San Nicolás.
Con la formal denuncia, se pide “que se recabe todas las pruebas, y se realicen las técnicas de investigación que devengan necesarias para comprobar que se ha realizado un hecho que la ley califica como falta o delito”, declaró Gaona.
“También que se inicie una inmediata investigación en contra de los que resulten responsables, además de realizar las gestiones que sean necesarias para remover o cesar de manera inmediata a las personas denunciadas”.
