Heriberto Treviño propone dar más herramientas legales a Fiscalía Ambiental de NL

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Monterrey, N.L.-
Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico, la operatividad y la eficacia de la recién creada Fiscalía Especializada en materia Ambiental de Nuevo León, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, propuso reformar la Ley Ambiental del Estado.

El diputado local señaló que la iniciativa propuesta contempla ​reformas al artículo 231 y la adición de un artículo 231 bis a la Ley Ambiental, creando ​un nuevo capítulo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.

Ello, dijo establecerá formalmente la Fiscalía Especializada, definiendo claramente sus facultades, procedimientos y atribuciones para investigar, prevenir y sancionar delitos ambientales. ​

“Necesitamos un marco jurídico sólido que permita proteger nuestro patrimonio natural y garantizar que las decisiones y acciones de la autoridad se ejecuten bajo plena certeza jurídica, evitando arbitrariedades y fortaleciendo el principio de legalidad”, expresó Treviño Cantú.

En este sentido, destacó que la regulación clara de las facultades de esta Fiscalía elevará los estándares de transparencia y rendición de cuentas en materia ambiental.

El coordinador legislativo del PRI subrayó la necesidad de reforzar el marco legal para dotar a la Fiscalía de las herramientas necesarias que le permitan actuar de forma oportuna y eficaz ante situaciones críticas, especialmente cuando las áreas protegidas del estado se encuentren en riesgo.

“Con esta iniciativa avanzamos hacia un modelo moderno de gobernanza ambiental que prioriza la protección de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad de nuestro estado, incluyendo la posibilidad de detener obras en proceso”, señaló.

La propuesta busca, de manera crucial, otorgarle a la Fiscalía la facultad de intervenir en casos de riesgo inminente dentro de áreas protegidas e incluye la suspensión inmediata de obras, construcciones o actividades que representen un peligro para los ecosistemas.

Apuntó que esta atribución es fundamental para reaccionar con rapidez ante actividades ilícitas que puedan causar daños irreversibles al patrimonio natural, además de fomentar la participación ciudadana a través de denuncias y reportes que activen la intervención preventiva de la autoridad.

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