Monterrey, N.L.-
La bancada del PRI en el Congreso del Estado solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León información detallada sobre el estado que guardan diversas denuncias y juicios políticos presentados en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores, acompañada de los diputados Bertha Alicia Garza Elizondo y Fernando Aguirre Flores, acudió a la Fiscalía para entregar un escrito formal en el que solicita conocer el avance de dos investigaciones.
La primera, dijo, relacionada con el aumento a las tarifas del transporte público, presuntamente aprobado de manera irregular, “fue cuando se brincó el proceso que está establecido en ley en relación a que debería el Consejo Estatal del Transporte autorizar cualquier tipo de aumento y que además, a sabiendas, este aumento solamente se puede dar si las condiciones tanto de los camiones son dignas pa la ciudadanía, lo que sabemos que definitivamente no es cierto”.
La otra investigación, derivada de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por presunta triangulación de recursos públicos vinculados a contratos con empresas privadas y la adquisición de un predio de más de 17 hectáreas en la Meseta de La Corona, agregó.
“Tiene un valor estimado a setecientos millones de pesos y se documentó que fue a través de un contrato con la empresa Grupo Gentor, en donde definitivamente nunca hubo una explicación”, señaló Serrato Flores.
Explicó que dichas investigaciones son clave para que la Comisión Anticorrupción pueda continuar con los procedimientos de juicio político en contra del mandatario estatal, al precisar que actualmente existen ocho juicios políticos en trámite, de los cuales tres cuentan con suspensiones otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La diputada local del PRI indicó que el próximo viernes acudirá personalmente a la SCJN para conocer el estatus de los amparos y ampliaciones promovidas por el gobernador, y solicitar información directa que permita destrabar los procesos legislativos.
Señaló que los juicios suspendidos están relacionados con el denominado “tarifazo”, la recolección de firmas durante el proceso electoral de 2024 y la presunta triangulación de recursos hacia un despacho vinculado al padre del gobernador.
Durante la rueda de prensa, la diputada priista descartó que estas acciones respondan a denuncias promovidas por Movimiento Ciudadano y afirmó que existe un interés genuino del Congreso local por dar seguimiento a los procedimientos.
Además, anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría Interna del Congreso en contra de la diputada Sandra Pámanes, a quien acusó de emitir declaraciones falsas respecto al aumento del impuesto predial en Monterrey.
Finalmente, Armida Serrato señaló que, independientemente de la prontitud de las respuestas de la Fiscalía y la Corte, buscará convocar en breve a la Comisión Anticorrupción para evaluar el ánimo de los legisladores, subrayando que para avanzar en un juicio político se requiere el respaldo de al menos 28 diputados.
