Durante la Administración anterior del ex Alcalde priista Alfonso Sánchez Garza, el crimen organizado controló dependencias municipales, con lo que obtenían ingresos superiores a los 25 millones de pesos mensuales, afirmó la Alcaldesa panista Leticia Salazar, reventando el globo del escándalo en pleno día de Halloween.
Y lo que pudiera parecer un “tiro” político, en el fondo entraña una acusación que debe probarse, a pesar de que, a dos años de su Administración y en pleno proceso electoral, Salazar señale que desde el inicio de su gestión, en octubre de 2013, hizo públicas estas anomalías.
Si la realidad de la denuncia está sustentada en evidencias jurídicas, entonces debemos preguntarnos qué hace en estos comicios el ex Alcalde, quien nuevamente busca contender por el mismo cargo para otro trienio, y por qué creerle que son falsas las acusaciones. Pero si el ex edil priista, que busca de nuevo el cargo en Matamoros, tiene razón en su defensa.
Salazar se ha hecho de una lengua larga en sus peroratas al acusar también a otros ex Alcaldes (del PRI) de abrir puertas al crimen organizado. Pero resulta que uno de los últimos ex Alcaldes, Baltazar Hinojosa Ochoa (2005-2007), es uno de los aspirantes más fuertes a la Gubernatura de Tamaulipas. Y en este caso sí hay material de sobra para hablar de corrupción por los efectos de dos de ex gobernantes: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.
“Es un tema que yo declaré en los primeros meses de la Administración, lo puse en las mesas de seguridad en las que participaron las corporaciones del Estado y del Gobierno federal”, dijo en entrevista el día último de octubre, en pleno festejo del Halloween, Lety, una brava mujer quien no desea que le suceda en el puesto nadie que tenga tatuadas las siglas tricolores y, menos, si llega con sospechas de “narco”.
Según su dicho, la delincuencia organizada se encargaba de cobrar multas de tránsito, arrastre de grúas, días de corralón y hasta permisos de venta de alcoholes. “De acuerdo a análisis de administraciones anteriores, no se reflejaban ingresos en grúas, en arrastre de vehículos o en temas de tránsito, que se iban a otro lado”, explicó.
Por otra parte, como contundencia de sus denuncias ante la prensa, Lety Salazar afirmó que cuando empezó la Administración operaba una caseta en el corralón municipal que era operada por el crimen organizado.
Bueno, bueno, pero si son tan serias esas acciones delicitivas, ¿por qué no interponer una queja formal ante la autoridad competente? ¿Por qué no llevar ante una agencia del ministerio público o un juez el caso de estos presuntos delincuentes coludidos con los capos de la droga en la entidad? ¿Por qué utilizar los medios masivos para lanzar lodo si no hay un procedimiento jurídico que respalde semejante acusación?
Al menos que haga que las autoridades competentes de la PGR tomen cartas en el asunto e investiguen a fondo la supuesta relación del priísta Alfonso Sánchez Garza con el crimen organzado, pues el ex edil pone como prueba en contrario que los malitos le mataron al director de Deportes, Wilfrido Campos, cuyo cuerpo fue arrojado frente al palacio municipal y éste fue atacado no una sino varias veces durante su gestión. Sin embargo, ¿por qué no contraataca con una demanda por difamación e injurias?
Pero la panista Lety Salazar se pone seria y no se cansa de afirmar que ha batallado mucho para sacar al crimen organizado del gobierno municipal.
Total, pura palabrería. Pero las acusaciones son de escándalo.
