Deben acabar paraísos de exgobernadores: Iglesia

México, D.F.-
La jerarquía de la iglesia católica en México se pronunció por acabar con los llamados “paraísos autónomos” de los gobernadores y tomar en la alternancia de partidos en el gobierno como un elemento que evita la corrupción, la defraudación fiscal y el lavado dinero, como en los casos de los ex mandatarios de Tabasco, Quintana Roo y Chiapas.
Pidió que se revise con seriedad la legislación, debido a que “ha entorpecido no sólo la lucha contra el despilfarro inmoral de los recursos públicos sino contra el mismo crimen organizado con consecuencias terribles para la seguridad y las economías regionales”.
Aunque reconoció que la transparencia y fiscalización se ve impedida ante “los mandatarios que prefieren guardar un silencio cómplice, esperando servirse de los recursos públicos y del dinero ilícito, como sus precedentes, evitando juzgar para no ser medidos con la misma vara cuando les llegue su turno”.
Sin hacer mención directa de los ex gobernadores Andrés Granier, Mario Villanueva Madrid y Pablo Salazar Mendiguchía, la iglesia católica advirtió que al parecer en nuestro país la evidencia “no es motivo suficiente para crear leyes que permitan acabar con los llamados “paraísos autónomos de los gobernadores, pues basta la tolerancia del mandatario entrante para continuar la impunidad del saliente”.
En la editorial del Semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México consideró como un “hecho histórico” que un gobernador esté encarcelado, acusado por “delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal”. Luego de la reclusión dictada contra el ex gobernador Andrés Granier.
Remite que los antecedentes fueron los de los ex mandatarios de Quintana Roo y Chiapas –Mario Villanueva y Pablo Salazar–, a quienes se les imputaron diversos delitos.
En el caso del ex gobernador tabasqueño Granier dice que se trata de la acusación de su sucesor, quien “ha decidido no ocultar las escandalosas irregularidades financieras de la anterior administración –a cargo de un partido de oposición– ni asumir el desfalco de recursos públicos que sufre la entidad”.
El documento difundido entre los fieles católicos señala que “la corrupción no es prerrogativa de un solo partido: tenemos ex gobernadores de todos los institutos políticos acusados de este mismo mal que secularmente carcome al país”.
La solución al grave problema de la opacidad en el manejo de los recursos públicos no radica en la amenaza que representa la llegada de otro partido al gobierno estatal o a mis municipios sino un mayor control por parte de la Federación para “acabar con estas prácticas nefastas que se realizan al amparo de una arcaica autonomía constitucional de los estados”.
Lamenta qué en México las leyes estén hechas “para ser burladas y resultan ineficientes para perseguir y acotar la corrupción y el robo de los recursos públicos”.
La iglesia afirma que es “inconcebible” la ausencia de mecanismos efectivos para evitar el desfalco, desvíos y acumulación de capitales de procedencia ilícita, como se le han atribuido a varios ex gobernantes, e incluso, a gobernadores en turno”.