El usar el concepto de sociedad civil está de moda.
Los sociólogos, políticos y economistas lo utilizan para definir a ese segmento de la población que se activa para participar en lo público, en tanto percibe que sus demandas no se cumplen o sus intereses están en juego.
Por otro lado, la sociedad política, o lo más aproximado al Estado, es quien ejerce el gobierno y debe, por obligación legal y conveniencia política, dirimir los desencuentros entre los participantes de la sociedad civil y los que ésta tiene con el Estado.
En las sociedades modernas, la emersión de la sociedad civil se ha dado para, primero, buscar afanosamente el perfeccionamiento de la democracia y segundo, para incidir en la toma de decisiones de su entorno. Esto quiere decir que estamos en la era de la permanente construcción de una democracia participativa.
Sin que la sociedad política lo acepte del todo, es un axioma el potencial que la concentración de ciudadanos tiene hoy en día, porque los mecanismos para ejercer presión a la sociedad política, cada día se diversifican. El caso emblemático es el de México, donde la tensión social, entre Sociedad y Estado, derivó en el agrupamiento de ciudadanos que utilizaron el camino de la violencia para hacerse escuchar.
Recientemente, Roberto Campa Cifrián, sub secretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal que preside Enrique Peña Nieto, declaró que “contra la violencia, la participación social”. Además, añadió que la estrategia iniciará en los 110 municipios donde se ha detectado más violencia y que a partir del 1º. de febrero, iniciaría el programa en los municipios señalados, aunque no señaló cuales serían.
Traducido al lenguaje llano, se finca la esperanza para abatir la violencia, en la correspondencia de las responsabilidades, sobre todo con las policías comunitarias en el nivel municipal.
La sociedad civil en el Estado de Guerrero, ha rebasado a la sociedad política, o lo que es lo mismo, todo parece indicar que hay un verdadero agotamiento de esa relación entre lo social y lo político, mismo desgaste que provocó la instrumentación de guardias comunitarias por parte de la sociedad civil, y que el mismo gobernador del Estado ha procurado legitimarlas ante la inoperancia de su gobierno.
Max Weber ha establecido que el Estado tiene el monopolio de la coercitividad, o de castigar a quienes transgreden la ley.
¿Acaso estamos ante una nueva tipología de relación entre sociedad y gobierno, donde la primera ya no se sujeta a la segunda?
De ser así, México será una ínsula atípica en el concierto internacional, donde incluso, se pondría en entredicho, eso de que el Estado estaría conformado por tres entidades: territorio, población y autoridad. Es claro que la primera se tiene, la segunda también, pero ¿Y la autoridad?
Es claro que el sistema neo liberal impuesto en todos los países por los grandes consorcios internacionales en el mundo contemporáneo, ya dio muestras claras de agotamiento. El gran dilema es si los grandes poseedores de los medios de producción están dispuestos a ceder un poco, para mitigar las disparidades sociales que tanto provocan la violencia en que hoy vive el mundo entero.
Los planteamientos iniciales del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, han sido adulterados de origen. En él, sostiene que el hombre nace bueno, pero que es en el contacto con la sociedad, con sus males y vicios, donde el hombre pierde el sentido de solidaridad colectiva y se torna en un ser ruin.
Ante los cuestionamientos que aparecen en la agenda social sobre el déficit de seguridad, la necesidad de revisar a fondo la relación entre Sociedad y Gobierno, ya es un imponderable. No se puede, ni se debe caer en contemplaciones ni pensar que la tensión social desaparece con el paso del tiempo.
El reto de la humanidad, es rencontrarse a sí misma, volviendo a contactarse con la naturaleza, con los valores de respeto, tolerancia y convivencia, aunque se lea cursi o utópico. Rousseau así lo indica en su libro “Emilio o de la Educación”.
La nueva visión del señor Campa Cifrián, se focaliza en la coordinación de las policías como medidas infalibles para mitigar la violencia en los municipios seleccionados, me imagino, por los elevados índices delictivos que presentan, en lugar de revisar las inconsistencias estructurales que motivan la recreación intermitente de las inequidades sociales.
Al paso del tiempo, es necesario reconocer que el costo de recurrir a este tipo de políticas públicas para retornar a la paz social que tanto añoramos, ha sido, es, y sigue siendo poco eficaz y vergonzosa.
Esperemos que el Sr. sub secretario de Gobernación, nos sorprenda y pronto, nos anuncie que en los 110 municipios que escogió discrecionalmente para aplicar su plan de abatimiento de la violencia, la paz reine no sólo entre los habitantes de esas regiones, sino en la conciencia de cada no de ellos.
Es el tiempo de reconectar la relación, hasta ahora demasiado laxa, entre la sociedad civil y la sociedad política.
Si no es así, vaya fracaso.
Y vaya gasto.
